El Gobierno crea un Defensor de víctimas de accidentes y aprueba nuevas medidas de refuerzo de la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto-Ley que mejora las condiciones de los profesionales del transporte ferroviario que clarifica el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas y refuerza la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad FerroviariaLa huelga de maquinistas paraliza líneas de Cercanías en Madrid y Rodalies de Barcelona El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y las condiciones de los profesionales del sector y que crea la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, uno de los compromisos pendientes del Gobierno con los afectados por el siniestro de Adamuz (Córdoba). El vicepresidente Carlos Cuerpo, desde la semana pasada encargado del Ministerio de Transportes, ha elevado al Consejo de Ministros dos normas con las que pretende reforzar esa confianza perdida en los trenes españoles. Por un lado, un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para el sector ferroviario. Y, por otro, un reglamento para la puesta en marcha de esa oficina diferenciada dentro del Ejecutivo que se encargará de “garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, y proteger así sus derechos, su dignidad y sus necesidades”. Según ha anunciado Transportes a través de un comunicado, el Real Decreto-Ley “busca dar respuesta a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales” que, precisamente, este martes y el jueves tienen convocados paros para reivindicar mejoras en los trenes tras el accidente de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas hace dos semanas. Las medidas llegan después de que el vicepresidente Cuerpo se reuniera con los sindicatos la semana pasada, un encuentro donde los representantes de los trabajadores constataron un cambio de talante en el Ejecutivo, aunque no suficiente para desconvocar los paros para este martes. La norma mejora el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, refuerza las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorpora los principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y extiende los coeficientes reductores de cara a la jubilación para el personal ferroviario que desempeña las mismas funciones. Dentro del tiempo de conducción se incluirán, desde ahora, las maniobras que impliquen el manejo del vehículo en movimiento y también aquellas interrupciones durante las cuales el maquinista siga siendo el responsable del vehículo. También computará cualquier periodo inferior a 45 minutos entre que cese la conducción y su reanudación por el mismo maquinista. Se contabilizarán íntegramente, dicen desde el Ejecutivo, incluso aunque el maquinista haya sido relevado de la responsabiliadd del vehículo o esté destinado a otras tareas. Asimismo, se considerará tiempo de conducción las interrupciones de 45 minutos o más durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones. Además, en el caso de aquellos “supuestos excepcionales” en los que haya una pareja de maquinistas al frente del tren, uno encargado del vehículo y otro de la infraestructura, el tiempo de conducción computará simultáneamente. Más control por parte de la AESF En cuanto al refuerzo de la supervisión de la AESF, toda persona física o jurídica que sea objeto de la misma tendrá que facilitar al personal supervisor el acceso a instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones. También en el caso de las entidades ferroviarias que deberán facilitar el acceso al material rodante y los equipos cuando sea necesario. La “cultura justa” se incorpora a la Ley del Sector Ferroviario con la creación de un capítulo específico, que permitirá al personal con funciones de seguridad operacional que comunique los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o servicios públicos de notificación con la garantía de confidencialidad. No habrá sanciones, explica Transportes, cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación. A los trabajadores se les reconoce el derecho a que adopten las medidas “necesarias y proporcionadas” ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad, como la interrupción de la marcha de un tren. Estarán protegidos frente a represalias laborales, salvo en el caso de “actuación dolosa, mala fe o negligencia grave”. En lo que respecta a la protección social, el texto extiende los coeficientes reductores de cara a la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan actividades excepcionalmente penosas o peligrosas y se inicia una revisión de los mismos, con el objetivo de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Una oficina para las víctimas El vicepresidente Cuerpo, que este martes recibe a las víctimas del accidente de Angrois en 2013, se comprometió con los afectados por el siniestro de Adamuz a poner en marcha una oficina que se encargue de atenderlas. El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto (reglamento) que crea el Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo, una figura “estable y permanente” dentro del entramado del Ministerio de Transportes que coordinará la atención a las víctimas y a los familiares. Según explica el Ejecutivo, será una figura diferenciada dentro del Ministerio con rango de subsecretario. Esta prelación le dará “el peso institucional necesario para coordinar, pedir información y reclamar respuestas a otros organismos”. El objetivo es garantizar a las víctimas una asistencia psicológica, social y jurídica continuada, protegiendo sus derechos, dignidad y necesidades. Su función abarcará los accidentes de transportes coelctivos de titularidad o competencia estatal: ferrocarril, aviación comercial, transporte marítimo de pasaje y autobús. Además “respetará la independencia de la AITAT y la función de los órganos judiciales, así como las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en sanidad, servicios sociales y transporte”. El nuevo Defensor, en el plazo de tres meses desde su nombramiento, presentará un proyecto de mejora del marco normativo de atención a las víctimas, del que las asociaciones formarán parte activa. “El objetivo es trabajar con las víctimas y no solo para ellas”, zanja el comunicado.