Tres científicos, a juicio por tirar zumo a la Delegación del Gobierno en Barcelona: "La calle está más sucia por la orina de perro"

La Fiscalía se ratifica en pedir 18 meses de cárcel para los activistas por la protesta contra la emergencia climática y una indemnización de 4.100 eurosEspaña es uno de los tres países que usan leyes contra el crimen organizado para reprimir activistas climáticos “La calle está más sucia por la orina de perro que por la protesta de los acusados”. Con esta gráfica comparación ha cerrado su informe final la abogada Solange Hilbert en el juicio a tres científicos acusados de tirar zumo de remolacha al edificio de la Delegación del Gobierno en Barcelona en una protesta contra la emergencia climática en 2023. Fiscalía y activistas no discuten los hechos. Todos están de acuerdo en que, mientras una acusada tiraba el zumo de remolacha al edificio de la Delegación, otro sujetaba una pancarta reclamando acción a los Gobiernos contra el cambio climático y la tercera realizaba labores de mediación con la Policía. El disenso está en la calificación jurídica de la protesta: donde la Fiscalía ve un delito de daños cualificados, por el que pide 18 meses de prisión y una multa de 2.700 para cada acusado, la defensa reclama su absolución al considerar que los hechos no rebasan la línea del Código Penal y que, en cualquier caso, están amparados por el derecho de reunión. La petición de prisión de la Fiscalía de Barcelona va en la línea de otras actuaciones del Ministerio Público contra protestas de científicos contra el cambio climático. En Madrid, la Fiscalía reclamó hasta 21 meses de cárcel a nueve activistas que tiraron pintura al Congreso en 2023, una solicitud que la jueza rebajó en su sentencia a una pena de multa y varias absoluciones. El juicio de este martes ante el juzgado de lo penal 4 de Barcelona ha durado hora y media, pero podía haberse sustanciado en diez minutos: los guardias civiles y los policías que se acordaban de los hechos se han limitado a testificar que vieron la protesta, que antes los acusados ya habían relatado con detalle. “Era una protesta por la inacción de los gobiernos ante la emergencia climática”, han coincidido los tres acusados. Por sus conocimientos científicos (dos son ambientólogos y otra es veterinaria), han argumentado que el zumo de remolacha fue la sustancia escogida para tirar al edificio de la Delegación “porque se lava fácilmente con agua a presión o de lluvia y causa daños”. El fiscal ha llegado a preguntar cómo obtuvieron el zumo, ante lo que una de las acusadas ha contestado: “Supongo que compramos la remolacha en el supermercado”. Además de la pena de cárcel y de multa, el fiscal pide a los acusados que indemnicen conjuntamente con 4.132,15 euros a la Delegación del Gobierno en Catalunya. El importe corresponde a la factura que emitió una empresa especializada de limpieza para retirar el zumo de la fachada. La representante de la firma de limpieza que ha comparecido como testigo ha contradicho la versión de los acusados y ha negado que el zumo de remolacha se quite de la fachada de la Delegación del Gobierno solo con agua, ya que se trata de “un soporte de piedra poroso que filtra”. Este testimonio ha sido clave para que el fiscal mantuviera la acusación por daños cualificados. La pena es más severa que si los daños hubieran sido en un bloque de pisos particular porque la Delegación del Gobierno “es un bien de dominio público”, ha argumentado el fiscal. “Los acusados tenían que haber previsto que quedaría rastro en la superficie donde vertieron el zumo de remolacha”, ha apostillado el representante del Ministerio Público. Por su lado, la abogada de los acusados ha recalcado que se trató de una protesta y que la conducta de los activistas no encaja en el Código Penal. “No son daños, es un zumo de remolacha que provocó un ensuciamiento reversible”, ha manifestado Solange Hilbert, que ha definido la acción como “una protesta de baja entidad, casi performativa y amparada por el derecho de reunión”. Pese a las peticiones del juez para que fueran breves, los acusados se han extendido en sus respectivos turnos de última palabra para reivindicar la acción que les ha llevado al banquillo. “Me da menos miedo ir a la cárcel por la protesta que lo que está por venir si las cosas se quedan tal y como están y los Gobiernos no hacen nada contra la emergencia climática”, ha aseverado una de las acusadas. El juicio ha quedado visto para sentencia.