La Fiscalía pide procesar a Koldo García, Aldama, Pardo de Vera y Jessica, ex de Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que procese al exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García, al comisionista Víctor de Aldama, a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y a la expareja de Ábalos Jessica Rodríguez en la rama del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional. Anticorrupción ha remitido un escrito en el que pide el procesamiento de hasta 13 personas además de la empresa Soluciones de Gestión, que logró los contratos irregulares de mascarillas, como recoge la sentencia del Supremo.Este procedimiento agrupa todo lo que no se juzgó en el alto tribunal porque no estaba relacionado de manera exclusiva con José Luis Ábalos, que cuando se abrió la causa contra él era aforado y que finalmente fue condenado a 24 años y tres meses de prisión. De esta forma, en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional se investiga también a Koldo García, condenado por el Supremo 19 años y ocho meses de prisión, así como a Aldama, sentenciado a cuatro años y medio de cárcel, pena que fue suspendida por haber colaborado con la justicia, ambos por ramificaciones y delitos conexos que no fueron juzgados por la Sala de lo Penal.Tráfico de influencias a Pardo de VeraAsí, en el caso de Koldo, el fiscal le atribuye aquí los delitos de trafico de influencias y blanqueo; a Aldama le acusa de cohecho y delito contra la Hacienda Pública, a Pardo de Vera de tráfico de influencias y a Jessica Rodríguez de malversación. La Fiscalía también solicita procesar al hermano de Koldo, Joseba García y a la exmujer del exasesor, Patricia Uriz, ambos por los delitos de organización criminal y blanqueo.Del mismo modo, insta a llevar a juicio a los tres socios de Aldama conocidos como 'los mosqueteros': Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno, así como a Ignacio Zaldívar, que fue director de gestión administrativa de Adif cuando la ex pareja de Ábalos trabajaba en Ineco. Igualmente pide sentar en el banquillo por cohecho pasivo al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, por recibir presuntas mordidas a cambio de dar protección a la trama del caso Koldo. Así como a los empresarios Iñigo Rotaeche, titular de la empresa clave en la trama y a Juan Carlos Cueto, al que los investigadores sitúan como el que verdaderamente controlaba esa mercantil. La Fiscalía ha dado este paso tras el requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que preguntó a las partes sobre el futuro de la causa, es decir, si sienta en el banquillo a los investigados o archiva la causa contra ellos.Altos cargos de Transportes, Adif y Puertos del EstadoPor otra parte, el Ministerio Público solicita el archivo para otro socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, que fue quien intervino en la gestión del alquiler del piso de Plaza España (Madrid), en el que vivió la expareja de Ábalos y cuyo alquiler abonó Aldama a través de él. También pide el archivo, entre otros, para el ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda; el empresario Israel Pilar; la considerada secretaria de Aldama, María Piedad Losada; y el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez.En este grupo incluye, además, al ex subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, que en el juicio se desmarcó de las contrataciones de las mascarillas; y al ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez, que testificó que pensaba que Aldama ayudaba a Transportes con las mascarillas.La mayoría de las cuestiones en este caso fueron tratadas en mayor o menor medida en el juicio como los supuestos contratos fraudulentos de mascarillas con Baleares y Canarias o el supuesto fraude y la evasión fiscal de Aldama al omitir la declaración de sus ingresos con esos contratos a través de sociedades pantalla.También la contratación irregular de la expareja de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, sobre la cual la sentencia afirma que no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que "el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles públicas en su cuenta bancaria".Al respecto, la Abogacía del Estado, que representa a ambas empresas públicas en la causa, pide también llevar a juicio por malversación y tráfico de influencias a Pardo de Vera, Jéssica Rodríguez, Zaldívar y a Joseba García.