La Diputación Permanente salva el decreto 'antidesahucios' y la prórroga de alquileres y vuelve a tumbar los contratos indefinidos

Los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen Abascal han enfrentado este jueves su votación definitiva, en una reunión de la Diputación Permanente marcada por la resaca de la huelga general por la vivienda. Al contrario de lo que hizo el Pleno del Congreso hace mes y medio, la Diputación Permanente ha convalidado el decreto de la suspensión de desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Ningún partido ha cambiado su posición con respecto a la votación de principios de octubre, pero la menor representación de PP, Vox y Junts —que se oponen a esta norma— en la Diputación Permanente ha permitido al Gobierno salvar esta vez el texto. El decreto de los contratos de alquiler indefinidos, en cambio, ha vuelto a decaer, ya que el PNV ha mantenido su rechazo.Si la votación de principios de octubre se produjo tras una negociación frenética y con todos los ojos puestos en Junts, en esta ocasión el guion llevaba semanas escrito y se ha cumplido. La única incógnita que en las últimas semanas ha pesado sobre la convalidación de los decretos era la fecha de su votación en la Diputación Permanente. La Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, decidió que fuera finalmente a un día del arranque de la campaña electoral del 29-N y un día después de la huelga general convocada por los sindicatos y de las multitudinarias manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda, y esas movilizaciones se han colado de lleno en el debate parlamentario, con elogios desde la izquierda y críticas desde la derecha.A la huelga general dedicó las primeras palabras de la jornada el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que aplaudió que la "gente trabajadora" saliera a la calle a "pelear" por "lo que le corresponde" y condenó la "violencia" policial, al igual que el resto de formaciones a la izquierda del PSOE —Podemos pidió incluso la dimisión del ministro del Interior—. "Si ustedes no son capaces de ver la profunda justicia que hay detrás de estas movilizaciones, (…) creo que es por dos razones: porque a ustedes no les afecta, estos desvelos no son los suyos, y porque, no siéndolo, deciden defender los intereses contrarios, los de la patronal y los fondos buitre", dijo dirigiéndose a la derecha. "El derecho a la vivienda se va abrir paso y harían bien en darse cuenta cuanto antes", añadió afeándoles que su rechazo a lo que considera "medidas de mínimos".También la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aplaudió la movilización y pidió repetirla el 29 de noviembre en las urnas. "Ayer el derecho a la vivienda ganó en la calle y en los centros de trabajo y espero que también lo haga en las próximas elecciones", dijo, al mismo tiempo que defendió que el decreto aprobado este jueves es el resultado de ocho años de gobierno y remarcó que "proteger al inquilino y dar seguridad al pequeño propietario no es contradictorio, sino una necesidad". "Los que hoy atacan el derecho a la huelga e insultan a trabajadores (...) son los mismos que insultan a los que defienden el derecho a la vivienda y los que ante una convocatoria electoral proponen un modelo fallido basado en la especulación", insistió, prometiendo "mano dura" contra la especulación.La lectura diverge en el otro lado del arco parlamentario. El diputado del PP Sergio Sayas calificó la huelga de "hipócrita", acusó a los piquetes informativos de "hacer violencia" y dijo que el único objetivo era "enmascarar a los responsables de que hoy la vivienda sea imposible". Por su parte, el diputado de Vox Carlos H. Quero tildó la convocatoria de los sindicados de "obscenidad" y de haber sido impuesta "desde el BOE hacia abajo".Frente a la defensa de los decretos por parte de Bustinduy y Rodríguez, el PP se comprometió a derogar el que sí salió adelante y no solo rechazó frontalmente el contenido de los textos sino también que hayan vuelto al Congreso tras el primer no. "Lo que estamos viviendo esta mañana aquí es un fraude a la democracia. El Gobierno ha colado por la puerta de atrás unos decretos que el Congreso ya rechazó", censuró Sayas, que calificó la maniobra como "acto de totalitarismo". Vox, que también habían pedido la cancelación de la votación de los decretos por el mismo motivo, criticó igualmente con dureza las "propuestas delirantes" del Gobierno y lo acusó de "emparedar" a la clase media.También Junts reiteró su negativa a ambos textos. "Son trozos que no hacen más que aumentar el problema", dijo el diputado de Junts Josep Maria Cruset, que opinó que las movilizaciones de este miércoles eran contra el Gobierno. "Cuando ustedes dicen que están protegiendo al pequeño propietario es falto", le respondió el diputado de ERC Gabriel Rufián, que acusó a los de Puigdemont de guiarse por los intereses del mercado y reprochó falta de convicción a los socialistas para atajar el problema de la vivienda en esta legislatura. "Tenemos que señalar al PSOE", pidió al ministro de Derechos Sociales.El Consejo de Ministros volvió a aprobar —con modificaciones mínimas— los dos textos impulsados tras el desahucio de Maricarmen solo cuatro días después de que el Congreso tumbara inicialmente los decretos y un día después de que Pedro Sánchez convocara elecciones para el 29 de noviembre, aprovechando la disolución de las Cortes y la entrada en juego de la Diputación Permanente para lograr la convalidación del primer decreto. Este órgano es una especie de pleno del Congreso a pequeña escala. En lugar de 350 diputados está integrado por 68 y, aunque trata de replicar el mismo reparto de fuerzas, la distribución por partidos cambia al reducirse el número de representantes. En este órgano sí tiene mayoría el bloque conformado por el PSOE, los partidos a su izquierda y el PNV, que fueron quienes ya apoyaron de forma infructuosa el decreto más amplio en la primera votación y este jueves lo han vuelto a hacer.Eso ha permitido la aprobación definitiva de ese texto, que es el que recoge el grueso de las medidas desplegadas por el Gobierno tras el desahucio de Maricarmen. Incluye la suspensión de desahucios a personas vulnerables hasta 2030, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta 2028, la prohibición de comprar vivienda a los fondos buitre hasta 2030, una nueva regulación del alquileres de temporada, un IVA del 10% para pisos turísticos, incentivos fiscales para caseros que alquilen por debajo del precio de mercado y para inquilinos de rentas bajas y un mecanismo de préstamos de hasta 50.000 euros para facilitar la compra de primera vivienda. Todas estas medidas, "insuficientes" tanto para PNV como para los partidos a la izquierda del PSOE a pesar de su apoyo, llevan ya en vigor cinco semanas y seguirán estándolo después del visto bueno definitivo de la Diputación Permanente.El decreto de los contratos de alquiler indefinidos, que establecer la obligación de indemnizar al casero si se finaliza el contrato sin una causa justificada, también se publicó en el BOE el 7 de octubre. Sin embargo, no ha llegado a entrar en vigor —ni lo hará después de ser rechazado por la Diputación Permanente— porque, en previsión de la falta de apoyos para sacarlo adelante, el Gobierno ya estableció que solo entrara en vigor si era convalidado, para evitar una aplicación temporal. El PNV ha insistido en que, a su juicio, es "contraproducente", genera mayor inseguridad, reducción de la oferta de alquiler y perjudica a los pequeños propietarios. "Ante grandes retos como el de la vivienda no necesitamos confrontación", ha advertido la diputada de PNV Maribel Vaquero.