El Supremo confirma que el ex fiscal general debe pagar 39.000 euros al abogado de la pareja de Ayuso

La letrada de la administración de Justicia de la Sala rechaza las impugnaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la minuta del letrado y su procuradora al entender que no es una cantidad desproporcionadaArchivo - El Supremo rechaza rebajar las costas que debe abonar el ex fiscal general para pagar la defensa de la pareja de Ayuso El Tribunal Supremo ha confirmado que Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, debe pagar en total 39.009 euros por los honorarios del abogado y la procuradora de Alberto González Amador. La letrada de la administración de Justicia de la Sala de lo Penal, encargada de resolver este asunto, ha rechazado las alegaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la cuantificación de estos pagos: “No resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificar los honorarios incluidos en la tasación como excesivos”. La Sala de lo Penal decidió condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a indemnizar con 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la filtración de un correo de sus abogados. Una condena que dio paso a la fase posterior: la cuantificación de las costas. En un primer momento la cuantía de esos honorarios rozó los 80.000 euros pero fue posteriormente reducida a esos 39.000 que ahora confirma la funcionaria de la Sala. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz en este proceso, impugnaron nuevamente esta cantidad al entender que 39.009 euros era un dinero desproporcionado para satisfacer los honorarios de Gabriel Rodríguez-Ramos. La letrada de la administración de Justicia de la Sala contesta que, tras analizar un informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, “no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente”. De ese dinero 38.508 euros se corresponden con los honorarios del letrado y los otros 501 euros con los derechos de la procuradora. La condena de García Ortiz fue ratificada por el Tribunal Supremo al rechazar el incidente de nulidad y se encuentra ahora en manos del Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han recurrido en amparo y el tribunal de garantías, por el momento, ni siquiera ha admitido a trámite las impugnaciones mientras el Ministerio de Justicia tramita una petición de indulto que cuenta con el informe en contra del Supremo que lo condenó. El hoy fiscal de lo social en el Tribunal Supremo ya consignó en su momento una cantidad mucho mayor, cuando el juez Ángel Hurtado le impuso una fianza de 75.000 euros para hacer frente a posibles condenas económicas. En un primer momento el instructor del caso fijó esa fianza en 150.000 euros en el auto de apertura de juicio oral, la mitad de los 300.000 euros que la pareja de Ayuso pidió en un primer momento.