El Sindicat de Llogateres lleva a Barcelona a los tribunales por incumplir la norma del 30% de vivienda protegida

El colectivo presenta un recurso contencioso contra el Ayuntamiento por no obligar al fondo Vandor a reservar pisos después de haber realizado diversas rehabilitaciones integralesQué es el 30% de vivienda protegida que Collboni quiere suavizar y por qué no cumplió expectativas El Sindicat de Llogateres ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona por no obligar al fondo Vandor Real Estate a aplicar la norma del 30%, que establece que toda nueva promoción o gran rehabilitación debe reservar este porcentaje para vivienda social. El recurso, presentado en la sección contenciosa del Tribunal de Instancia de Barcelona, se refiere a la finca del Consell de Cent 538, en el Eixample e impugna el silencio administrativo del Ayuntamiento ante la instancia que el Sindicat ya registró el pasado 13 de marzo. En ese proceso ya se pedía al consistorio que abriera un expediente a Vandor por no aplicar ese 30% de reserva después de haber reformado la mitad del edificio. Actualmente 15 de los 28 pisos ya han sido rehabilitados y “sólo se ha presentado un comunicado diferido y dos enterados, que son trámites pensados para obras menores”, afean desde el Sindicat. Este 2026, en febrero, una inspección municipal determinó que estas reformas coincidían con una “gran rehabilitación”. Siendo así, la norma del 30% también aplica a esta finca de Consell de Cent, donde se deberían reservar 8 viviendas para alquiler protegido. “Esto demuestra que Vandor sigue reformando pisos con trámites menores, aunque el Ayuntamiento sabe que está sometido al 30%”, afean fuentes del Sindicat. Aplicar la norma podría salvar de la expulsión a casi una decena de vecinos que, como Elisabeth, hace años que viven en la finca. En su caso, está a punto de cumplir 30 residiendo en la misma casa, pero la propiedad no ha querido renovar el contrato y ya ha interpuesto una demanda de desahucio. Más contenciosos y vía penal abierta El Sindicat presentará dos recursos contenciosos más en los próximos meses para las fincas de Nàpols 206 y de Rocafort 219, ambas propiedad de Vandor. En el primer caso, después de haber reformado tres cuartas partes de los pisos, todos los vecinos fueron expulsados. En el segundo, se han reformado todas las viviendas, pero notificando las obras una por una. Todos los inquilinos han sido expulsados y los que fueron sus hogares, ahora funcionan como colivings. En ambos casos, la inspección municipal ha concluido que Vandor debe aplicar la norma del 30%, lo que supondría dos pisos protegidos en Nàpols y otros cuatro en Rocafort. Por otro lado, el Sindicat no descarta optar por la vía penal en el caso de Entença, 69. El Ayuntamiento ya determinó que Vandor debía aplicar el 30%, pero la empresa lo impugnó con un recurso ahora hace tres años. Desde entonces, el caso está sin resolver. En el edificio sólo queda Rosario, la última vecina junto a su hijo. Vandor ha reformado todos los pisos excepto el suyo y los ha convertido en colivings. Estas tres fincas se suman a las otras 10 que Vandor ha comprado en Barcelona. Entre todas suman 236 viviendas, de las que expulsa a los inquilinos para convertirlas en pisos para estudiantes internacionales con alquileres por encima de lo que marca la regulación de alquileres.